“Fue horrible. Yo estaba en la ventana de mi casa cuando escuché un silbido que iba pasando, tuvimos que retroceder, fue algo feo”, relata Freddy Palacios al lado del San Juan, mientras sostiene la punta de una bala calibre punto 50 más larga que su dedo pulgar. La bala quedó incrustada en una de las casas aledañas. Freddy vive en el caserío Peñitas, del municipio de Litoral del San Juan, en Chocó. Peñitas es una hilera de viviendas de madera en un recodo del río que forma una larga curva. Volteando esa curva queda Pangalita, la comunidad indígena donde ocurrieron los combates entre la Armada y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional el 5 de noviembre del año pasado, hechos denunciados por este medio en colaboración con La Liga Contra el Silencio (ver).

Según los pobladores, ocho helicópteros y un barco nodriza de la Armada ametrallaron las orillas sin discriminar civiles, viviendas y botes. Una docena de casas en Peñitas resultaron con daños en sus techos por las balas, algo que nuestro equipo pudo comprobar sobre el terreno.

“Tuvimos que salir corriendo, las ráfagas del helicóptero caían, se oyó el rafagazo, pa, pa, pa, pa”, explica Willington Mena, a quien uno de los proyectiles le cayó a menos de dos metros. Willington huyó del caserío con el resto de pobladores el mismo 5 de noviembre rumbo a Buenaventura y Docordó, que es la cabecera del Litoral del San Juan. 86 familias se desplazaron quedando el pueblo abandonado por completo. “Nos fuimos en unos botecitos pequeños como pudimos, después alquilaron una lancha y se fueron el resto. Éramos cinco que dormíamos en un solo toldillo, la comida estuvo bien, pero la dormida no”, recuerda Mena.

Carlos Antonio Granados Asprilla, presidente del Consejo Comunitario local, fue quien interpuso en Docordó la declaratoria colectiva del hecho victimizante con el acompañamiento de la Personería. Él se encontraba en el río cuando empezó el ametrallamiento y no tuvo otra opción que arrojarse a la corriente para que las ráfagas no lo mataran. Granados es un hombre canoso, bajito, de gestos y mirada afilada. “Se veía bala por todos lados”, dice mientras hace la cuenta que en Docordó las familias pasaron un mes y medio amontonadas a su suerte en la escuela y la Casa de la Mujer, con un modesto apoyo de la alcaldía en mercado y algunos útiles de aseo. “Viendo la dificultad como estábamos, tuvimos que pedir retorno para la comunidad. Salimos afectados, hay unos que no aparecen por ningún lado”.

Granados se refiere a la declaratoria de víctimas en donde no quedaron incluidas 16 de las familias desplazadas, en cambio, en la lista figuran personas que no son de Peñitas, sino que viven en Docordó hace años, pero quieren recibir indemnizaciones y auxilios que no les corresponden.

El 23 de diciembre de 2020 la comunidad retornó a Peñitas por sus propios medios. Los animales se habían perdido, también quedaron daños en casas y cultivos. Según la ley 1448 cuando un desplazamiento incluye más de diez familias la declaración es colectiva y el acompañamiento estatal para el retorno debe hacerse de manera integral. Nada de esto ha ocurrido, más allá de las ayudas de la alcaldía, que proporcionó algo de gasolina para los botes que hicieron el trayecto de dos horas río arriba, rumbo al pueblo.

“La administración hizo unos acuerdos con la comunidad que no configuran un plan de retorno y ni siquiera los ha cumplido al día de hoy”, asegura Melisa Torres, una abogada que acompaña y asesora a la comunidad.

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Charambirá: otra comunidad en riesgo

“En el retorno deben estar vinculadas todas las instituciones del Sistema de Atención a las Víctimas que sean necesarias para garantizarlo en condiciones reales de dignidad y seguridad”. Carlino Moreno, alcalde municipal, aseguró a este medio que el tema ya fue solventado pues los habitantes se encuentran de nuevo en su caserío.

Tres semanas después del retorno a Peñitas ocurrió un nuevo desplazamiento masivo en la comunidad de Charambirá y Los Esteros. Charambirá es un caserío de pescadores próximo al mar, sobre un brazo del San Juan que se desprende varios kilómetros antes de Docordó formando una de las siete bocas del río en su desembocadura al Pacífico.

“El 13 de enero llegaron a matar a una persona cerca, luego se fueron a meter donde estábamos nosotros, entonces ahí fue que los cogieron a todos ellos [los pescadores]”, dice una de las vecinas que prefiere no ser grabada ni fotografiada. Una banda paramilitar amenazó a los pobladores, les prohibió salir a las faenas del mar y ocupar ciertas zonas de la playa. 18 familias se desplazaron a Docordó, 11 más a Buenaventura, en donde aún permanecen.

La comunidad ha manifestado que no desea retornar a Charambirá. Prefieren una reubicación, lo que echaría al traste varias iniciativas locales como una pesquera que funciona en la región y un proyecto para el mejoramiento y construcción de 32 viviendas que la alcaldía ya tenía montado. “No queremos ser televisados porque la cosa está muy dura, al reconocernos por televisión o internet, o donde sea, nos pueden joder”, insiste una de las personas desplazadas.

Carlino Moreno, alcalde del Litoral del San Juan, reconoce que hay problemas de orden público, pero asegura que se han controlado a tiempo. “Uno como ente territorial entra a atenderlos en primera instancia, hemos evaluado la situación, pero hasta ahora no comprendemos bien por qué se desplazan del territorio”, declara el alcalde, agregando que algunos miembros de la comunidad han retornado a sacar madera y a pescar mientras sus mujeres permanecen con los niños en Docordó. Lo hacen bajo su propio riesgo, pues no ha habido acompañamiento de la Fuerza Pública para verificar cuál es el grupo que se ha instalado en la zona y qué actividades ilícitas realiza.

Esto viene a ratificar la opinión generalizada en el San Juan de que, si bien la región permanece militarizada, aquello jamás se traduce en más bienestar ni seguridad para las comunidades. “La infantería de marina hace retenes permanentes en las bocas de los ríos y quebradas”, explica el líder de los Consejos Comunitarios, Dagoberto Mondragón, “detienen a las personas hasta una o dos horas mientras investigan y la gente corre el riesgo de que se forme un enfrentamiento”. En marzo la Armada informó la incautación de una tonelada de cocaína cerca a Los Esteros, sin capturas ni combates.

La solución a la crisis de violencia crónica que se vive en el río San Juan podría llegar por una vía diferente a la militar, o al menos eso opinan las organizaciones étnicas. “Que el Estado no nos apoye trayendo fuerzas armadas, nosotros no queremos eso”, dice Amparo Murillo, del Consejo Comunitario General del San Juan, y finaliza con la exigencia histórica de los chocoanos: “lo que nosotros queremos es que nos traigan educación, salud, saneamiento básico, que es lo que realmente las comunidades quieren y necesitan”.