CHOCÓ Parte 1

EL PROBLEMA DE LOS TERRITORIOS NO INTERCONECTADOS

Ocho caseríos de Nóvita sufren para acceder al servicio de energía eléctrica. Su caso no es aislado: es solo un ejemplo entre las muchas zonas remotas del Chocó, donde más de 50 mil habitantes no tienen acceso a la interconexión. Recorrido por un paisaje de abandono estatal y aislamiento que mantiene al departamento más pobre del país en medio del atraso.

Por / Unidad Investigativa
Fotografías / Santiago Ramírez

Una pequeña planta eléctrica de gasolina aturde desde el atardecer en la única cantina, que a las seis está repleta de campesinos que gritan a pulmón herido las charangas y norteñas típicas de la región. Empieza otra noche a finales de diciembre del 2020 y los arrieros que arriman con la remesa de la última chiva llegan ya cuando lo noche está cerrada alumbrando el pantano de la trocha con linternas, parte del paisaje cotidiano en estas montañas del Chocó.

“Desde que vivían nuestros antepasados acá estamos a oscuras”, se queja María Esperanza Mosquera señalando un fogón de leña que enrojece las sombras de un pequeño local en Santa María de Urábara. “La carne nos toca ahumarla para que no se dañe, a veces, cuando se manejaban mechones de petróleo había accidentes, hubo un niño que se quemó y falleció, muchos se han quemado”.

María Esperanza pasó la Navidad a oscuras, igual que el resto de habitantes en Urábara, corregimiento del municipio de Nóvita, Chocó, entre la selva y las montañas del alto río Tamaná. Esta es una de las 500 localidades del departamento no interconectadas al sistema eléctrico nacional, donde 50.971 habitantes acceden al servicio eléctrico gracias a plantas de generación con diésel, según datos oficiales de la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero la realidad contradice a las estadísticas oficiales.

Para conocer el panorama de la interconexión eléctrica en el Chocó explora el mapa interactivo a continuación.

La mayor parte de los años 2019 y 2020, Urábara y otros siete caseríos del Alto Tamaná estuvieron sin servicio de energía eléctrica a pesar de que los recursos para la operación de las plantas fueron girados oportunamente desde el Ministerio de Minas y Energía (Minergía) a Enerpacific SAS, la empresa operadora. Según la Superintendencia de Servicios Públicos, Enerpacific SAS recibió $466.214.131 en subsidios durante 2019 por ocho localidades de Nóvita donde debe prestar el servicio.

Luego, en 2020 –entre enero y diciembre–, Enerpacific SAS recibió despachos de combustible que suman 27.940 galones de ACPM para las localidades de Santa María de Urábara, Salsita, Cocotea, Sin Olvido, Chuágara, El Chorro, Irabubú y Remolino, por un valor de $213.658.749. Según los reportes de la empresa al Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios, 639 pobladores resultaron beneficiados con el servicio. Además, Minenergía giró $53.400.285 más en el primer trimestre y otros $51.371.352 en el segundo trimestre de 2020 para subsanar costos operativos, como el mantenimiento de las plantas.

Recursos, pagos y giros

Pero la comunidad asegura que estos recursos no se vieron reflejados en lo que ellos llaman “un servicio aceptable”. Aunque Enerpacific comenzó a recibir giros por la prestación de servicio en la región del Alto Tamaná desde enero de 2019, las plantas sólo llegaron a la zona en noviembre de ese año, porque el transporte debía hacerse en canoas por el río y los contratistas argumentan que el nivel del agua no permitía la entrada de las embarcaciones. Una vez en funcionamiento, las plantas comenzaron a fallar y a presentar múltiples problemas.

“Uno con el desespero de que las cosas le lleguen a la comunidad, se veían muy bonitas, bien pintaditas, creíamos que eran nuevas”, asegura Rogelio Asprilla, concejal del municipio de Nóvita y habitante de Urábara que conoció el proceso de instalación. “Pero cuando las fuimos usando vimos que no eran de primera”. La planta de Urábara operó cuatro meses, según explicó Ambrosio Hurtado, uno de los vecinos que trató de repararla. La planta instalada en la comunidad Sin Olvido funcionó tres meses y luego fue “un daño tras otro”, según dice Ana Hurtado Mosquera, una de las habitantes. Harold Fernando Sánchez, presidente del consejo comunitario del caserío Cocotea, confirmó a su vez que la planta instalada en su vereda sólo funcionó dos meses.

Además, hubo inconsistencias con los despachos de ACPM para las plantas. Enerpacific interrumpió los envíos entre marzo y noviembre de 2020, pero Minenergía pagaba sus giros habituales.

Resoluciones de pago mensual

“Hicimos un documento, lo pasamos a la Alcaldía, lo pasamos a la Personería”, aclara el concejal Asprilla. “A través de esa presión fue que volvieron a mandar el combustible, pero las plantas no están en servicio”.

Enerpacific reportó al Minenergía haber entregado cada mes más de 350 galones de ACPM a la comunidad de Urábara. “Nos dijeron que el ACPM para esta comunidad estaba estipulado en 5 tambores mensuales (275 galones), y cuando llegó fue incompleto”, asegura Domingo Perea, uno de los habitantes que alcanzó a recoger dos veces el envío de combustible en La Guayacana, la carretera más cercana, a tres horas de camino cruzando la selva. “Desde marzo dejó de llegar el ACPM hasta noviembre”, añade. En el mejor de los casos la comunidad recibió despachos de 275 galones –es decir, cinco “tambores” de 55 galones–, y no los 350 que la empresa reportó y cobró cada mes.

Transportar los tambores desde La Guayacana hasta el pueblo cuesta 750 mil pesos en fletes de mulas, que son asumidos por la comunidad tras un acuerdo con el contratista. Ese valor hace parte de la factura que pagan los usuarios y se incluye en los costos finales de la prestación del servicio, pues el subsidio estatal no cubre la totalidad.

El ingeniero Faustino Murillo, gerente y representante legal de Enerpacific, reconoció algunas fallas en el servicio, pero aseguró que las plantas estaban todas en funcionamiento. Según él, las quejas están motivadas por intereses políticos y por la competencia de otra empresa que opera en la zona. “Hay unos intereses particulares y esas personas están buscando cómo me afectan a mí, pero eso afecta más bien es a las comunidades y generan divisiones y malas informaciones”, declaró Murillo. Otra de las razones de los operadores para justificar fallas en el servicio es la presencia de grupos armados ilegales quienes dificultan labores en terreno, cobran vacunas, confiscan combustible o amenazan a los empresarios. Según Murillo, Enerpacific ha sido víctima de robos de combustible y problemas de orden público en otras zonas del Chocó como en la región del río Baudó, donde opera 14 plantas a diésel.

El despelote de los subsidios

La solución que el gobierno nacional ha priorizado para llevar el servicio eléctrico a las zonas no interconectadas al sistema nacional está reglamentada por las leyes 142 de 1994 y la 855 de 2003. Estas normas redistribuyen los subsidios a la energía eléctrica a través del Fondo de Solidaridad y sobre el papel el modelo parece sencillo: los recursos se entregan a empresas de servicios públicos que acrediten haber prestado el servicio a un número determinado de usuarios; el Minenergía hace los giros y despachos de combustible cada mes.

Pero sobre el terreno hay claroscuros. Quien debe verificar que las empresas sí brindan un servicio oportuno y de calidad es la Superintendencia de Servicios Públicos, que en sus diagnósticos de la prestación del servicio en zonas no interconectadas reconoce un “preocupante incumplimiento de la obligación de reporte de información por los prestadores”.

La Superintendencia no tiene capacidad para vigilar más de 1.700 localidades dispersas y remotas del país, entonces concentra sus esfuerzos en cabeceras municipales y poblaciones relativamente grandes, como Acandí, Pizarro o Docordó en el Chocó, donde realiza mediciones con telemetría. Chocó, con 500 localidades no interconectadas, sólo es superado por el departamento de Nariño donde hay 626.

Pero la mayoría de estas localidades no hay controles estrictos. “La telemetría puede ser más costosa que el recurso que se está perdiendo”, explicó Germán González, ingeniero de la división de energía eléctrica del Minenergía. En ese orden de ideas, la Superintendencia calcula qué vale más: “¿llevar telemetría a una localidad con muy pocos usuarios o correr el riesgo? Una telemetría que cuesta 200 o 500 millones de pesos al año no se va a llevar para rescatar 50 millones de recursos públicos que se están perdiendo”, informó una fuente de esa entidad que prefirió no ser identificada.

La regulación en las zonas no interconectadas es más flexible porque el propósito original era permitir que las mismas comunidades y municipios pequeños no interconectados se constituyeran como prestadores del servicio y pudieran acceder a los subsidios, ya que las grandes compañías eléctricas no están interesadas porque “no es rentable para ellos”, aseguró Estefany Garcés, investigadora de la Universidad Nacional de Medellín y autora de estudios para llevar soluciones energéticas no convencionales a comunidades rurales. En el último encuentro nacional de zonas no interconectadas una de las conclusiones más apremiantes fue que era urgente el acompañamiento de operadores de red que ejercieran mayor control.

Garcés cree que la solución para las zonas no interconectadas vendrá con proyectos de energía renovable y alternativa que corten con la dependencia que hay de los intermediarios y hagan a las comunidades más autónomas, pero eso es costoso y requiere un impulso del Estado. “En este punto de la historia del país montar una planta a diésel es un desacierto total –explica–, sin embargo, hace veinte años era la solución técnica y económicamente más viable, pero hoy la gran mayoría de usuarios tienen un servicio demasiado limitado”.

Desde 2009, Colombia logró una cobertura del 95% en electrificación y acceso a la energía, aunque “el país se quedó estancado ahí, en la última milla, que son todas estas comunidades dispersas y aisladas”, puntualiza Garcés. El atraso en Chocó es similar al que se vive con otras necesidades básicas como el acueducto y alcantarillado, que tienen coberturas peores, y en general, con la situación de pobreza multidimensional que, según el Departamento de Planeación Nacional, supera el 70% en todos los municipios chocoanos y en algunos alcanza índices del 90% de la población.

Desde hace años los subsidios para las zonas no interconectadas se han incrementado progresivamente. Mientras en 2014 fueron 227 mil millones de pesos, en 2018 alcanzaron hasta 288 mil millones y en 2019 fueron algo más de 250 mil millones. Las fluctuaciones varían según aumenta o baja el costo de los combustibles y también cuando algunas localidades dejan de recibir subsidios porque logran la interconexión con el sistema nacional. Sipí, en el Chocó, fue la última de ellas: el municipio se conectó tras varios años de retraso con una línea que bordea el río San Juan desde Istmina hasta San Miguel.

Y si bien el Estado cumple con su obligación de girar los recursos en efectivo y en despachos de combustible, algunos operadores no prestan realmente las horas de servicio reportadas a la Superintendencia, ni cumplen con condiciones mínimas como publicar su información financiera. En el diagnóstico de la Superintendencia del año 2019 se señalaba que sólo el 18% de los operadores reportó información. Aunque el gobierno es consciente de eso, también sabe que exigir un marco más rígido llevaría a la mayoría de estas empresas y asociaciones a la quiebra. “No hay cómo controlarlo y hacerlo vale más plata de lo que se está perdiendo. Es mucho dinero, sí, pero no es ni el 10% de lo que se mueve en subsidios en el sistema interconectado nacional”, explicó el ingeniero Germán González.

En las zonas no interconectadas el Estado invierte algo más de 250 mil millones cada año para localidades dispersas y de muy difícil acceso, mientras que en el sistema interconectado los subsidios representan más de 3 billones al año para usuarios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Pereira. “El Estado no tiene capacidad de llegar a todo lado, entonces se enfoca en vigilar donde hay más plata”, concluyó González.

Chocó a oscuras

La situación de Nóvita no es una excepción en el departamento del Chocó, donde se presentan casos similares en muchas localidades. Inconsistencias en la prestación del servicio, fallas técnicas o recursos que no se entregan fueron denunciados por directivos del Consejo Comunitario General del río San Juan (ACADESAN) en diferentes zonas del Litoral del San Juan, Istmina y Sipí. Nuestros reporteros comprobaron, durante un recorrido por el río San Juan en enero del 2020, que varias de las plantas por las cuales la Empresa de Servicios Públicos del Litoral del San Juan cobraba subsidios, en realidad estaban averiadas o no recibían combustible. Tal era el caso de poblados como Carrá, Togoromá, Guachal y Corriente de Palo.

Riosucio, al norte del departamento, es otro municipio repleto de irregularidades. La empresa Emcolen SAS cobra los subsidios por la operación de plantas eléctricas en 28 localidades de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, todos afluentes del Atrato. Emcolen SAS recibe en promedio despachos de combustible por más de 129 millones de pesos cada mes.

Giros a EMCOLEN en Riosucio

Sin embargo, pobladores y líderes de varios poblados aseguraron que hay lugares donde las plantas ni siquiera fueron instaladas. Eso ocurre por ejemplo en los caseríos de Truandó Medio y Dos Bocas, según informó Angel Ciro Rengifo Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario. En otros caseríos el Minenergía giró subsidios a lo largo de todo el 2020, pero las plantas apenas se adecuaron a finales de año, como contó a este medio Abraham Mosquera, presidente del Consejo Comunitario de La Nueva, donde la planta llegó en diciembre, mientras que al poblado de Clavellino llegó en noviembre. En la Zona Humanitaria Nueva Vida, una localidad apartada del río Cacarica, la lideresa local Ana del Carmen Martínez confirmó que la planta ya ajusta más de siete meses averiada mientras la empresa sigue cobrando los subsidios.

También hay anomalías evidentes con los giros de combustible. Para el caserío de Bocas de Taparal el Ministerio hace despachos de más de mil galones mensuales (1.284 galones en octubre de 2020), pero Emcolen dijo a la comunidad desde el comienzo de operación que llegarían 180 por mes. Ni siquiera esa cantidad la cumplieron, pues como afirmó Ismenio Hurtado “todo eso no nos llega, sólo nos dan 120 galones, en diciembre tuvimos que recortar las horas de luz para poder alumbrarnos por las noches”. La misma inconsistencia ocurre sobre el río Salaquí, en San José de Tamboral, donde la empresa reportó entregas de 1.144 galones, pero la comunidad dice haber recibido 120.

“La solución que el gobierno ha dado para las zonas no interconectadas es un modelo de intermediación y de corrupción”, aseguró Carlos Alfredo Crosthwaite, ingeniero y veedor ciudadano que lleva décadas haciendo seguimiento a las falencias e irregularidades de la contratación pública. Según él, este modelo se impuso a partir de los años noventa cuando las políticas neoliberales desmantelaron las entidades oficiales encargadas de construir infraestructura y llevar servicios públicos a las regiones más pobres del país. El resultado es un modelo que no resuelve el problema, ni contribuye a salir del atraso estructural, sino que lo profundiza.

“Nosotros somos los más estropeados toda una vida, los más olvidados del gobierno”, concluyó Santos Lemus, líder de El Chorro, una de los poblados en Nóvita afectados por la falta del servicio, “acá sólo vienen a estafarnos con mentiras”.